Durante una inspección oficial
El 06 de septiembre de 2019, la Comisión Legislativa de Derechos Colectivos y la Defensoría del Pueblo realizaron una inspección oficial en las propiedades de la agro-exportadora Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, con el objetivo de verificar la actual situación de las familias que aún viven y trabajaban en las haciendas de la empresa.
Durante la visita de verificación el Defensor del Pueblo declaró que es evidente que las violaciones de derechos humanos sucedieron tal como se reportó en el informe defensorial publicado en febrero de 2019. Asimismo, enfatizó que “la empresa Furukawa debe cerrar definitivamente sus puertas porque no se puede permitir que una empresa vulnere los derechos. Y que el Estado y las autoridades nos quedemos sin hacer absolutamente nada”.
En ese mismo sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jaime Olivo, indicó que es necesario que “esta empresa no esté aquí, en territorio ecuatoriano, violando mas derechos humanos”. Adicionalmente, sobre la recomendación de la Defensoría del Pueblo de iniciar un proceso de reparación con tierras, de acuerdo con el artículo 103, literal g, de la Ley de Tierras que dispone su expropiación en el caso en que se haya evidenciado precarización laboral, señaló que el informe de Comisión sobre la visita que se presentará ante al Pleno estará encaminado a que el Ministro de Agricultura responda “en el marco de sus atribuciones, y si no lo hace él está sujeto a un control político”. El Ministro de Agricultura no acudió a las dos comparecencias en la Asamblea Nacional, que tuvo lugar con el fin de dar seguimiento a las obligaciones ministeriales en cuanto a la reparación de derechos por este caso.
A la inspección, se sumaron Freddy Carrión, Defensor del Pueblo; cinco asambleístas de la Comisión de Derechos Colectivos; Víctor Haón, delegado del presidente de la Asamblea Nacional; Daniel Vejar y Ginna Poveda, director y funcionaria encargada del caso Furukawa de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional del Estado. Participaron también funcionarios del MIES, IESS y Ministerio de Salud.
Crónica de la inspección
Los funcionarios lograron constatar la vulneración de derechos gracias a que a última hora lograron cambiar la agenda de la inspección y visitaron la hacienda Vilma C (kilómetro 33) y la hacienda Isabel (kilómetro 42). En esta última, varias familias que trabajaban para Furukawa se mantienen en resistencia pacífica, para evitar que la empresa elimine evidencias que comprobarían las relaciones de servidumbre de la gleba que mantenía con sus trabajadores y como respaldo de la deuda que la empresa tiene con ellos por décadas de trabajo.
Ya en el kilómetro 42, la seguridad privada de Furukawa impidió el paso de los vehículos institucionales alegando que la visita no estaba prevista en este lugar, sino en la bodega de la compañía, en el kilómetro 37. Además, señaló que las llaves debería ser solicitadas al nuevo administrador de la hacienda, Walter Sánchez, quien el 15 de agosto de este año firmó un ilegal e ilegítimo acuerdo de comodato con la empresa; paradójicamente, unos meses antes fue acusado por la misma empresa de extorsión. En el lugar, incluso varios representados de Sánchez demostraron su inconformidad con las condiciones que suponen el convenio.
En tanto, el Ministerio de Gobierno, funcionarios del Ministerio de Salud y del Instituto de Seguridad Social y el supuesto administrador de la Hacienda Isabel, Walter Sánchez, con los trabajadores a quienes ha manipulado sí acudieron al kilómetro 37 donde la empresa había organizado un almuerzo. Realizaron esa actividad con el gerente de la empresa y sin la presencia de los asambleístas y el Defensor del Pueblo, quienes no estuvieron de acuerdo con ser parte de la agenda planteada por la compañía. Este hecho pone en duda el accionar ético de las autoridades estatales, posibilita la corrupción y arriesga la gestión necesaria y urgente de una política de reparación integral que beneficie a las víctimas de esclavitud moderna.
Vulneraciones a los derechos continúan
Las autoridades de la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo junto con los medios de comunicación decidieron ingresar a pie a la hacienda Isabel (kilómetro 42) para verificar la situación de las víctimas. El trayecto duró aproximadamente dos horas y las autoridades ratificaron las denuncias de esclavitud moderna y la violación de derechos humanos expuestas por la Defensoría del Pueblo en febrero de 2019. Asimismo, se verificó que las medidas lideradas por el Gobierno a partir de la denuncia del caso no han cubierto a la totalidad de las víctimas: se encontró niñas, niños, adolescentes y adultos aún sin inscripción de nacimiento, una niña recién nacida sin vacunas, adultos sin atención médica, condiciones de vida infrahumanas sin acceso a servicios básicos, ni siquiera al agua segura. “Cuando de parte de la institucionalidad pública se dice que ya se ha logrado generar mejores condiciones, no es verdad. (...) Esto genera, a nuestro modo de ver, una negligencia que es sujeta a control político por parte de la Asamblea Nacional”, indicó Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por Azuay.
El Director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos indicó que, pese a que existe un proceso judicial iniciado, la Fiscalía de Santo Domingo ha tenido dificultades en otras ocasiones para entrar a las haciendas de Furukawa, pero que la investigación continuará y solicitará a la fiscal del caso que ingrese nuevamente y tome contacto con las y los trabajadores. En este sentido, invitó a las víctimas a que, en esa nueva visita, agreguen información sobre quiénes han nacido y han tenido hijos en los campamentos.
Presión y ocultamiento de las víctimas
La visita oficial de la Asamblea Nacional continuó en el primer campamento del kilómetro 33. Ahí se receptó denuncias de los actos de amedrentamiento y presión por parte de la empresa a pesar de que las y los trabajadores cuentan con una medida de protección dictada por el Juez de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas que prohíbe intimidar, directamente o a través de terceros, a 103 personas representadas por la CEDHU. Los trabajadores también denunciaron que la empresa entregó supuestas bonificaciones de 2000 dólares y se comprometió a pagar el total de los años trabajados anteriormente, pero esto no se ha cumplido.
Durante el recorrido por este kilómetro, se presentaron dos graves incidentes. Primero, uno de los abogados de la empresa, Martín Cabezas, amenazó a la delegación de asambleístas con denunciarlos por ingresar a la propiedad privada, pues señaló que no tenían autorización de realizar la visita oficial en los kilómetros 42 y 33. A lo cual, Olivo respondió que la autorización se dio para visitar la empresa, lo que significa que podían recorrer cualquiera de sus instalaciones.
Por otro lado, trabajadores de esta hacienda denunciaron que la empresa horas antes de la visita, los subió en un vehículo para llevarlos con engaños a las instalaciones del kilómetro 37, asegurando que las autoridades estarían en ese lugar; no obstante, mientras se trasladaban coincidieron en el camino con la caravana de la visita de verificación y, pese a los pedidos de retornar en el vehículo, la empresa no lo autorizó. Esto provocó, según denunciaron los trabajadores, que uno de ellos deje el vehículo a la fuerza para poder acudir al campamento y denunciar su situación laboral actual.
Frente a esta nueva visita de verificación, informamos que la empresa ha violado, también, el derecho a la defensa pues ha denunciado sin sustento por allanamiento violento y entorpecimiento a las negociaciones a las abogadas de las víctimas María Fernanda Poveda y Patricia Carrión, respectivamente, lo cual impidió que ingresen a las instalaciones de Furukawa a verificar con las autoridades la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas y socializar la medida de protección otorgada a las mismas.
Responsabilizamos al Ministerio de Gobierno por los actos que demuestran su complicidad con la empresa al priorizar la agenda de visitas propuesta por la compañía y aceptar invitaciones poco transparentes en sus instalaciones, así como el hecho de criminalizar a las familias afectadas por Furukawa al señalar, sin sustento, que al interior del campamento se encontraban armadas y, por tanto, las autoridades supuestamente corrían riesgo.
Exigimos que se cumpla con la ley y las expresas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de febrero de 2019 y se inicie el proceso de expropiación de tierras y se dé cumplimiento a estándares internacionales en cuanto a la reparación integral en casos de violación a los derechos humanos, como los denunciados en Furukawa.