Denunciamos puerta giratoria en nombramiento de exviceministro del Ministerio de Agricultura como nuevo gerente de Furukawa y más irregularidades de la compañía
El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, conformado por once organizaciones sociales, expresamos nuestra preocupación frente a las decisiones administrativas de la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y a la reciente designación del ex viceministro del actual gobierno, Byron Flores Loayza, como Gerente de Producción de la referida compañía. En una entrevista para Plan V, Flores confirma que dejó de ser funcionario público en enero del 2020 –pese a que en los distributivos del Ministerio de Agricultura su nombre consta hasta febrero del mismo año, según verificación de la periodista- y que trabaja en su nuevo cargo hace tres meses.
Llamamos la atención y denunciamos esta puerta giratoria. Así también, exigimos una investigación por parte de Contraloría General del Estado, la Asamblea Nacional del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y las autoridades pertinentes alrededor de las escandalosas afirmaciones publicadas por el medio digital Plan V.
Asimismo, expresamos una nueva preocupación sobre las dificultades en las que deben laborar los trabajadores de Furukawa. Según información conocida por este Comité, Furukawa no ha presentado ningún protocolo de bioseguridad a los Comités de Operaciones de Emergencia cantonal de Santo Domingo ni provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, lugar donde registra su matriz, lo cual significa que durante todo este tiempo sus labores se han desarrollado de manera irregular.
Estas nuevas irregularidades se suman a las detalladas por el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, en conjunto con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos Ecuador, en una alerta emitida el pasado 25 de mayo de 2020, en la cual se señala que Furukawa no ha cesado sus actividades pese a no ser una empresa de actividades esenciales. Según denuncias de trabajadores, no tienen implementos de bioseguridad, se los transporta en condiciones de hacinamiento, se obliga a trabajadores contagiados con covid-19 a continuar laborando y, lo más preocupante, que la intermediación laboral no ha dejado de ser una práctica de esta empresa.
A la fecha, esta compañía enfrenta un proceso penal por trata de personas, explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil (COIP, art. 91, inciso 3). Por otro lado, las víctimas interpusieron una acción de protección y medidas cautelares por la serie de violaciones a los derechos humanos que se registraron en sus haciendas, localizadas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas. El Juez constitucional que conoce la Acción de Protección en marzo de este año emitió medidas cautelares a favor de un grupo de trabajadores frente a los desalojos y hostigamientos de la empresa.
Puerta giratoria
Byron Flores Loayza conocía el informe emitido por la Defensoría del Pueblo en 2019, documento donde se señaló que la empresa abacalera sometía a sus trabajadores a servidumbre de la gleba, considerada por las Naciones Unidas (ONU) como una forma moderna de esclavitud. Este documento, además, incluye verificaciones del Ministerio de Trabajo sobre la intermediación laboral, prohibida por la ley ecuatoriana, que ahora, en la nota de prensa, Flores dice desconocer.
Destaca también su participación en una reunión de alto nivel en Cancillería debido a los pedidos de información realizados por nueve relatores de la ONU, pues era el funcionario encargado dentro de esa Cartera de Estado de llevar el caso Furukawa. En este sentido, preocupa que al menos dos funcionarios refieran el menoscabo con el cual este se expresó ese día de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, quienes, para entonces, llevaban más de un año buscando justicia y reparación del Estado; así como, que uno de estos funcionarios relata que el viceministro señaló que tiene ‘familiares que trabajan en Furukawa’.
Hasta la fecha, la única resolución que tomó el Ministerio de Agricultura fue la relacionada con la conformación de una asociación que lo que promovió desde su formalización ha sido la continuidad de la relación esclavizante e indigna de las y los trabajadores y sus familias, a través de la firma de un comodato con la empresa. Y es, en estas circuntancias, que nos preguntamos ¿qué le impidió al Ministerio de Agricultura, siendo Xavier Lazo, ministro, y Byron Flores Loayza, viceministro, que se tomen decisiones sobre los exhortos de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Nacional y efectivizar la expropiación de Tierras, contemplada en la Ley por relaciones laborales precarias?
Esto, igualmente, nos lleva a inquirir sobre cuántos funcionarios públicos de alto rango han interferido en que las miles de personas registradas por el mismo Estado no hayan recibido justicia y reparación. Aquí, vale la pena acudir a la memoria y preguntar a la ministra María Paula Romo ¿quién influyó en que la estrategia estatal promovida por la institución que ella lideraba haya cambiado abruptamente y se haya iniciado una negociación en abril de 2019 sin ningún fruto favorable para las víctimas? ¿cuál es el papel de FEDEXPOR en estas decisiones, pues las mismas “coinciden” con una carta en la que se evidencia un lobby por resguardar a la compañía? Y al Ministerio de Trabajo ¿quiénes influyeron para que la empresa continúe trabajando con total impunidad pese a que nunca resolvió las irregularidades encontradas? ¿por qué razones se legitimaron pagos de liquidaciones ínfimas que no cubrían el 100% del tiempo trabajo?
Exigencias
Como Comité de Solidaridad acompañamos y respaldamos a las familias que han vivido y trabajado en condiciones de esclavitud [servidumbre de la gleba] en las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y que están exigiendo al Estado Ecuatoriano justicia por la violación sistemática a sus derechos humanos, víctimas del abuso corporativo y la aquiescencia del Estado Ecuatoriano.
Exigimos a las autoridades estatales considerar nuestros exhortos y pedidos escritos en la referida alerta y que, hasta la fecha, no han sido respondidos por los Ministerios de Trabajo, Salud y MIES. En particular, realizar inspecciones y atención urgente por contagios de covid-19 (acceso a pruebas gratuitas para las y los trabajadores), acceso a alimentos y kits de bioseguridad y por riesgos a la salud de cientos de trabajadores expuestos; igualmente, pedimos investigar las irregularidades en las jornadas de trabajo y nuevos hechos que pueden configurar tercerización laboral.
Insistimos también en la necesidad de que Asamblea Nacional continúe con la fiscalización sobre este caso y que, paralelamente, las autoridades competentes: Contraloría General del Estado y Fiscalía General del Estado, por un lado, investiguen este caso de Puerta Giratoria y los evidentes conflictos que han impedido la toma de decisiones oportunas por parte del Estado, con relación a los y las trabajadoras y sus familias, y, por otro lado, identifiquen y sancionen las posibles irregularidades en el actuar de la empresa que pueden significar nuevas vulneraciones a los derechos humanos.
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo del Ecuador que emita el Informe Final del caso, que desde hace meses los trabajadores y trabajadoras están esperando, y que en el mismo se considere la información que hemos remitido a la institución y la que se describe en esta nueva alerta.
Al Comité de Operaciones de Emergencia cantonal de Santo Domingo y provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, sancionar a la empresa por incumplimiento de las disposiciones del COE de presentar los protocolos correspondientes previo a continuar trabajando en contexto de covid-19, y suspender las actividades de la empresa hasta que presten las garantías suficientes para evitar el riesgo a la vida e integridad de los trabajadores por falta de condiciones de bioseguridad.