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  • Comité de Solidaridad

Furukawa sigue actuando con la complicidad del Estado y violando medidas cautelares expresas

La empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador demolió ayer un nuevo campamento dentro de la hacienda ubicada en el Kilómetro 33 de la vía Santo Domingo-Quevedo. En este campamento, vivía Manuel Torres, abacalero que ha vivido y trabajado para la empresa y que continuaba en resistencia en el mismo lugar. La empresa aprovechó que debió salir a visitar a un hijo en Quevedo para cometer este nuevo acto, sin que el Estado haya hecho algo al respecto.


Adicionalmente, según imágenes compartidas por la víctima, esta mañana el Gerente de Producción de la empresa, Byron Flores, ex viceministro de agricultura, junto a al menos seis guardias privados armados, justificaban esta nueva violación a los derechos. Hasta el momento, Manuel Torres no ha recuperado sus pertenencias que fueron sustraídas por la compañía e incluso dentro del campamento hay rastros de que algunas fueron incineradas.



Esta nueva demolición viola las medidas cautelares, otorgadas el 12 de marzo de 2020 por el Juez Constitucional, Carlos David Vera Cedeño, ratificadas el 30 de diciembre de 2020 por los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, medidas que expresamente dispusieron a la empresa “abstenerse de realizar cualquier tipo de desalojo en las haciendas de la propiedad de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador”. Adicionalmente, da cuenta de la actitud de la compañía frente a la Justicia Constitucional que, el 15 de enero de 2021, en audiencia oral y pública declaró las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas.


En una perspectiva más amplia y mientras no se ejecute la sentencia, el Estado ecuatoriano sigue demostrando su actitud negligente frente a la situación tan apremiante que cientos de personas han enfrentado por décadas y, pese al proceso de organización y lucha que han seguido, insiste en violentar sus derechos humanos.


Informamos que estos hechos se pondrán en conocimiento del Juez Constitucional, de la Asamblea Nacional y de los Mecanismos Especiales de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que hacen seguimiento de caso. Además, la Defensoría del Pueblo del Ecuador conoce la denuncia y, esta mañana, verificó la demolición del campamento. Hacemos un llamado a los medios de comunicación para dar cobertura a estos hechos que desafían la institucionalidad y que permiten que la situación de las personas y familias organizadas se agrave a vista y paciencia de las autoridades.




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