BOLETÍN DE PRENSA
Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ha operado durante 56 años, tiene 32 haciendas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas (cantones Santo Domingo y La Concordia), en Los Ríos (cantón Buena Fe) y en Esmeraldas (cantón Quinindé́). Desde entonces, familias enteras, la mayoría afrodescendientes, han llegado a vivir y trabajar en las tierras de Furukawa, extrayendo fibra de abacá para la empresa, en condiciones indignas.
Para desarrollar sus actividades, Furukawa celebró contratos de arrendamiento de predio rústico, lo cual ha sido reconocido por el Ministerio de Trabajo como una “maniobra patronal no muy ética” y como un incumplimiento al Mandato Constituyente No. 8, que prohíbe explícitamente la tercerización e intermediación laboral. Han transcurrido siete meses desde que la Defensoría del Pueblo presentó el primer Informe de Verificación de Derechos Humanos sobre la indigna situación de las familias que viven dentro de las haciendas de abacá de la empresa. Sin embargo, las recomendaciones realizadas en los informes defensoriales no han sido consideradas.
El ambiente de impunidad del caso anima a la empresa a continuar incumpliendo las normas y violando derechos. El tiempo de espera revictimiza, aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y sus familias, e incrementa la desesperación por obtener ingresos y sobrevivir. Mientras tanto, la empresa gana tiempo para manipular el caso en ausencia de las autoridades.
En julio de 2019, la instrucción fiscal en contra de la empresa inició y la empresa ha demolido varios campamentos, lo que significa no solo el intento de eliminar una de las evidencias materiales mayores de las condiciones en las que trabajaban y vivían los trabajadores de Furukawa, sino de dispersar la organización social para condenar a la gente a buscar vivienda en las zonas aledañas y muy probablemente a continuar con relaciones de vida y laborales precarias, pues ni sus medios de vida se han transformado y tampoco han recibido la necesaria reparación integral.
El 15 de agosto de 2019, varias organizaciones sociales miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) acompañadas por medios de comunicación y un representante del presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, realizaron una visita de verificación, a la que acudieron unas 300 personas, victimas de la empresa. El mismo día la empresa firmó un acuerdo de comodato con en el que presuntamente se obliga a 63 trabajadores representados por Walter Sánchez a renunciar a varios derechos, se los re-victimiza y se pretende cerrar el caso. En el “Informe de la Misión de Verificación sobre la existencia de casos de formas de esclavitud moderna en el Ecuador: Caso Furukawa”, que hoy presentamos, realizado por organizaciones sociales afroecuatorianas y miembros de la liga Federación Interamericana de Derechos Humanos del Ecuador, se observa:
Las condiciones actuales de las víctimas de la empresa Furukawa no han cambiado, al contrario, se han agravado pues ahora enfrentan nuevas y graves situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad personal. Se desconoce el paradero de decenas de familias desalojadas, muchas de las cuales no tienen identidad. Las familias que están resistiendo a los desalojos, son víctimas de amenaza y hostigamiento por parte de la empresa. Familias enteras en situación de vulnerabilidad sin vivienda y alimentos, sin acceso al sistema de educación o salud, sin la posibilidad de conseguir trabajo digno que asegure un ingreso para la subsistencia.
Estos hechos evidencian que el Estado no ha “neutralizado” o sancionado las violaciones constantes a los derechos de las víctimas; al contrario, ha omitido realizar acciones para reparar integralmente o prevenir nuevos hechos que suponen más vulneraciones a derechos y re victimización.
El 06 de septiembre de 2019, la Comisión Legislativa de Derechos Colectivos y la Defensoría del Pueblo realizaron una inspección oficial a las propiedades de la empresa para constatar la violación de derechos. Visitaron los campamentos del km. 33 y 42 donde familias enteras se mantienen en resistencia pacífica para evitar que la empresa elimine evidencias que comprobarían las relaciones de servidumbre de la gleba que mantenía con sus trabajadores.
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