Víctimas indican el candil que usan debido a la falta de servicio de luz eléctrica, el mismo ha ocasionado varios problemas respiratorios.
El día 17 de julio de 2020, a las 08h30, el Juez Carlos David Vera Cedeño, de la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o miembros del núcleo familiar del Cantón Santo Domingo, desarrolló una visita in situ a los tres campamentos que se encuentran en la hacienda Isabel, en el kilómetro 42 de la vía Santo Domingo – Quevedo, perteneciente a la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador, con el fin de verificar las condiciones de vida y de trabajo que, durante casi 60 años, las y los trabajadores de la empresa y sus familias enfrentaron en condiciones de servidumbre de la gleba, reconocida como una forma moderna de esclavitud.
A esta diligencia, comparecieron los accionantes acompañados de sus defensores, el representante del Ministerio del Trabajo y el Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo. No se presentaron los representantes de la compañía productora de abacá ni los representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud y Procuraduría General del Estado. Tampoco asistió el Ministerio del Ambiente, entidad que, por disposición judicial, debía tomar muestras de agua de los esteros cercanos a los campamentos para establecer si aquella es o no apta para el consumo y uso humano.
El juez Vera realizó la visita a pie (un trayecto de 3 a 4 kilómetros), para constatar las condiciones de accesibilidad y las dificultades de movilidad que enfrentan los trabajadores y sus familias. Comprobó las pésimas condiciones en las que viven y realizan su trabajo; verificó que los cuartos donde viven no tienen la provisión de ningún servicio básico que garantice la vida digna.
Asimismo, se observó cómo los esteros cercanos, en los que se bañan y usan el agua para consumo, se contaminan con los restos de la fibra producida y con las aguas servidas producto de la única letrina insalubre que existe en cada campamento. Se encontró, en todos los campamentos, la presencia de muchos niños que viven en las condiciones antes descritas y que evidentemente no tienen garantizados sus derechos.
En ese contexto, el juez Vera escuchó a varios trabajadores que expusieron sus casos y relataron de primera mano los abusos de los que han sido víctimas durante todos estos años. Paralelamente, un equipo de la Defensoría del Pueblo tomó versiones de los accionantes, y recabó evidencias conforme dispuso el juez.
La hacienda Isabel es quizás la única que se encuentra en las mismas condiciones en las que trabajadores y sus familias vivían y laboraban produciendo abacá para la empresa exportadora, pues desde que el Estado –sin que haya dado argumentos técnicos y legales– autorizó la reapertura de la empresa, ésta inició procesos de demoliciones y desalojo forzado para intentar ocultar las graves denuncias.
Mientras este proceso constitucional avanza, existe una investigación penal iniciada de oficio por la Fiscalía General del Estado, a consecuencia del informe de la Defensoría del Pueblo, por el delito de trabajos forzados u otras formas de explotación laboral.
Las organizaciones del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, que acompañamos a las víctimas, exigimos al sistema judicial garantizar el debido proceso y no permitir que el Estado y los abogados de la empresa generen incidentes que retrasen el mismo, a través del cual cientos de familias esperan ser reparadas integralmente por la sistemática violación a sus derechos humanos.
A la sociedad civil, instamos a sumarse al proceso tanto de difusión como de solidaridad, pues los costos de sostener el caso son elevados para estas familias que viven en pobreza y extrema pobreza.
A las organizaciones de derechos humanos les pedimos estar atentos y vigilantes, pues, en días pasados, el exviceministro de Agricultura, Byron Flores Loayza, ahora gerente de producción de Furukawa, envió mensajes en su red social, en los que intenta intimidar a las familias que resisten en los campamentos hoy visitados y a los defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas.
Finalmente, al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, recientemente nombrado presidente de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), insistimos en emitir el Informe de verificación final, en el que se consideren los últimos incidentes generados por el Estado y la empresa, e instamos a vigilar el debido proceso en este caso y que, como institución de derechos humanos del país, se sume al proceso judicial a través de los mecanismos existentes.
Hacienda Isabel del kilómetro 42.