Ante la impunidad y a dos años de las denuncias presentadas frente a varias instituciones del Estado por la situación de servidumbre de la gleba, una forma moderna de esclavitud perpetuada por la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más presentó una Acción de Protección que fue sorteada al juez Carlos David Vera Cedeño, el mismo que, como denunciamos en diciembre pasado, negó la solicitud tras argumentos erróneos.
Vera Cedeño avocó conocimiento y convocó a audiencia pública para este martes, 03 de marzo, a la empresa FURUKAWA Plantaciones C.A. del Ecuador representada por el Ab. Adrián Herrera, Gerente General; al MINISTERIO DE GOBIERNO, representado por la señora Ab. María Paula Romo; y, al MINISTERIO DEL TRABAJO, representado por el señor Ab. Andrés Madero Poveda, por ser los responsables por acción u omisión de la violación de los derechos humanos determinados en la Acción de Protección presenta por el Comité de Solidaridad.
Frente a este hecho, el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, que se amplió a once organizaciones de derechos humanos y campesinas: la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA), la Red Coordinadora de Organizaciones Sociales Norte de Esmeraldas (REDCONE), la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas (UONNE), la Fundación Idea Dignidad, el Centro de Protección de los Derechos Humanos “Surkuna”, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte de Ecuador (OMASNE), Acción Ecológica, instituciones que conformamos el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, informamos que:
• El juez solicitó como prueba copias de los contratos que fueron suscritas ante el Notario Cuarto del cantón Santo Domingo, Dr. Oswaldo Infante Zavala, pues denunciamos las irregularidades que contienen estos documentos, pues denunciamos que éstas eran usadas por la Empresa para evadir responsabilidades y obligar a los trabajadores a renunciar a sus derechos. También solicitó a la Cámara de Comercio de Santo Domingo de los Tsáchilas copia del Contrato de Comodato suscrito entre la Empresa y Walter Sánchez Ramos, pues evidenciamos que contienen cláusulas que suponen violaciones a los derechos humanos.
• El juez manda que se realice una Inspección Judicial en las Haciendas ubicadas en el Kilómetro 42 de la vía Santo Domingo – Quevedo para verificar las violaciones de derechos alegadas en nuestra Acción de Protección. Finalmente, dispone que se realicen pericias médicas para evidenciar las afectaciones a la salud por el trabajo que realizaban los abacaleros, toma de muestra de agua para identificar el nivel de contaminación del agua que es usada para el consumo humano y una pericia de trabajo social para receptar las versiones de las víctimas del caso.
Sin embargo, frente a estas disposiciones, las organizaciones patrocinadoras, hemos solicitado al Juez que amplíe su providencia a fin de que las pruebas solicitadas, inspección y pericias, cumplan con todos los parámetros legales para su plena validez. Y en este mismo sentido, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a acompañar a las víctimas en la audiencia y a estar vigilantes del proceso judicial, en el que exigimos declarar la vulneración de derechos humanos y se dispongan medidas de reparación integral.
Queremos recordar que 14 de noviembre de 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU emite observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, en el que expresa su “gran preocupación por la situación de trabajo forzoso en el caso de la empresa Furukawa, que afecta”. Observaciones que se suman al informe emitido en diciembre por el Grupo de Expertos de la ONU sobre Afrodescendientes, en el que expresa su profunda preocupación por las denuncias de impunidad y continuas violaciones a los derechos; así como recomienda al Estado ecuatoriano el cierre de la empresa, el registro de los nacimientos de los hijos de los trabajadores, la entrega de documentos de identidad a quienes no los tengan, la entrega de becas de estudio en escuelas y universidades, que se garantice el acceso total a la atención médica, vivienda y mercado formal de trabajo y la entrega de tierras a los trabajadores y sus familias.
Dentro de las haciendas de la Empresa, las mismas instituciones públicas, incluida la Asamblea Nacional, encontraron varias violaciones a los derechos humanos y posibles delitos penales, tales como:
El 81% de familias en pobreza extrema mayoritaria; trabajo infantil, intermediación laboral (tercerización), niños y adultos sin inscripción de nacimiento, analfabetismo mayoritario, inexistencia de servicios básicos, inexistencia de agua segura y de servicios higiénicos adecuados, jornadas de más de 10 horas, mutilaciones y discapacidades a causa de la actividad que realizaban, insalubridad, hacinamiento, daño ambiental, remuneraciones individuales por debajo del salario básico unificado y sin el reconocimiento de ningún derecho, control de las puertas de cada una de las haciendas por parte de la empresa, lo cual dificulta la libre movilidad.Sin embargo, a más de un año del primer Informe de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, en el que dio a conocer el caso públicamente y se hicieron recomendaciones puntuales a cada una de las carteras del Estado, ninguna de las instituciones públicas ha realizado acciones para garantizar reparación integral a las víctimas, sanción a los responsables y garantías de no repetición. Al contrario, se ha entregado información poco veraz al Sistema de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación, al referir que efectuó medidas de reparación. Así, recalcamos que lo único que ha tenido lugar hace meses atrás son medidas de asistencia social insuficientes que no han estado encaminadas en la transformación de los medios de vida ni la restitución de derechos de miles de campesinos abacaleros, en su mayoría afrodescendientes.
Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más