Por casi 6 décadas, cientos de familias han vivido y trabajado en condiciones de servidumbre de gleba (entendida como esclavitud moderna), cosechando abacá en campamentos sin agua, sin luz, hacinados y en condiciones de servidumbre y explotación, dentro de las plantaciones de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. compañía de capital japonés y filipino. A casi tres años de la develación del caso ante las autoridades estatales y la opinión pública y luego de múltiples verificaciones por parte de diversas instituciones del gobierno central, así como, de organismos internacionales, el día lunes, 21 de diciembre de 2020, el juez constitucional a cargo del caso, perteneciente a la Unidad Judicial contra la violencia de la mujer o miembros del núcleo familiar del cantón Santo Domingo, convocó a la audiencia de la Acción de Protección presentada en contra del Estado y de la empresa abacalera, que se llevará a cabo el martes, 29 de diciembre de 2020.
A pesar de estar esperando la instalación de la audiencia, como Comité de Solidaridad “Furukawa Nunca Más”, nos preocupa la fecha que se ha elegido, por cuanto actualmente está vigente un estado de excepción, por 30 días, a partir del 21 de diciembre de 2020, decisión que implica una limitación a la libre circulación, por el toque de queda y la restricción vehicular, que dificultará el desplazamiento de los 123 accionantes de esta causa, de testigos, peritos y de todas las personas quienes hacemos parte del Comité y acompañamos este proceso de resistencia frente a la explotación laboral y la violación sistemática de varios derechos humanos.
Recordamos al Estado ecuatoriano, que los órganos de administración de justicia de la Función Judicial, tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, más aun, cuando los accionantes pertenecen a un grupo históricamente discriminado por su etnia afrodescendiente y por su situación de pobreza y extrema pobreza.
Esta diligencia debe realizarse garantizando que todas las personas podamos asistir para brindar acompañamiento legal, político y comunicacional efectivo, que permita ejercer la defensa de los derechos humanos de las familias afectadas y en última instancia, y vigilar por la obtención de una reparación integral que permita establecer condiciones para una vida digna.
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