Las organizaciones que firmamos esta alerta expresamos nuestra preocupación por varios casos de covid-19 registrados dentro de Furukawa Plantaciones C.A. Ecuador, empresa abacalera acusada de someter a sus trabajadores a servidumbre de la gleba, considerada por las Naciones Unidas como una forma moderna de esclavitud. A la fecha, esta compañía enfrenta un proceso penal por trata de personas, explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil (COIP, art. 91, inciso 3). Por otro lado, las víctimas interpusieron una acción de protección y medidas cautelares por la serie de violaciones a los derechos humanos que se registraron en sus haciendas, localizadas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas.
Esta Alianza conoció que un trabajador de la hacienda ubicada en el km. 33 de la vía Quevedo-Santo Domingo fue diagnosticado con covid-19; además, tres miembros de su familia también presentarían síntomas asociados a la enfermedad. Asimismo, se registró otro caso en la hacienda del kilómetro 30 de la misma vía, y se presume que, al menos, dos mujeres tendaleras[1] que laboraban en el km 37 de la misma vía (CEPROA 2) presentan síntomas de la enfermedad.
Es importante mencionar que, antes de la develación del caso, en las instalaciones del Km 37 de la vía Quevedo-Santo Domingo funcionaban las oficinas y bodegas, donde se centralizaba la fibra para su empaque y posterior exportación. Sin embargo, una vez que se pusieron en evidencia pública las vulneraciones de derechos cometidos por la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, sus administradores iniciaron un proceso de demolición de campamentos en la mayor parte de las haciendas, así como, el traslado de maquinaria y tendales hacia CEPROA 2. Hace algunos meses, un grupo de trabajadores presentó una acción de protección y les fueron otorgadas medidas cautelares por juez competente, debido a las sistemáticas vulneraciones de derechos por parte de la compañía.
Los contagios en esta hacienda se dan a pesar de ser la única que cuenta con mínimas normas de bioseguridad e, incluso, con agua potable. Esta situación particular prende las alarmas y nos refiere a los campamentos más lejanos donde los trabajadores y trabajadoras, que dependen de los ingresos que generan en los campos del abacá, están expuestos/as al virus, sin ningún respaldo y/o garantía de la empresa para proteger su salud y con un sistema de salud colapsado e ineficiente. Conocemos, además, de personas contagiadas por covid-19 que son obligadas a trabajar a pesar de su condición.
Sin lugar a dudas, la crisis sanitaria causada por la pandemia agravó la situación previa de extrema pobreza en la que vivían los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Por tanto, hacemos un llamado a las autoridades sanitarias para que se tomen las medidas necesarias y oportunas que permitan brindar la atención médica para tratar a las personas contagiadas, y se apliquen los protocolos pertinentes para contener la expansión del virus dentro de las haciendas de la empresa, más aún, en los campamentos en los que aún habitan -precariamente- decenas de familias, sin servicios básicos. De esta manera, es imposible cumplir con la principal medida para evitar los contagios -lavarse las manos con agua limpia y jabón-.
Por otro lado, llama la atención que Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador siga trabajando de manera libre y sin control alguno, cuando la fibra de abacá no es un producto comestible y, por lo tanto, no es una actividad esencial en estos momentos. Es inadmisible que una empresa que cosecha esta fibra natural, que sirve para hacer bienes inertes, opere haciendo caso omiso de las órdenes de quedarse en casa, del estado de excepción y del toque de queda, exponiendo a los trabajadores al contagio y consecuente propagación del virus, poniendo en riesgo su salud y su vida.
Adicionalmente, y de acuerdo al monitoreo telefónico realizado por las organizaciones que conforman de esta Alianza, se conoce que trabajadoras y trabajadores de esta empresa están exigiendo a los administradores la provisión del equipamiento de protección personal y se les realice de manera gratuita pruebas de covid-19. No obstante, Furukawa no estaría proporcionando el equipamiento requerido y pretendería trasladar los costos de estas pruebas a los trabajadores, quienes, además, serían obligados a movilizarse en horarios nocturnos hacinados en camiones y buses, sin que se garantice ningún protocolo de seguridad. La negligencia de los administradores de esta compañía estaría aumentando de manera innecesaria el riesgo de contagio y poniendo en riesgo la vida de centenares de personas.
Finalmente, la compañía estaría aprovechando la crisis sanitaria, así como la coyuntura social, económica y política, para despedir al personal antiguo y contratar a nuevos “arrendatarios”, quienes, a su vez, contratan “cuadrillas” de trabajadores/as. Lo anterior es una evidencia de que la empresa nuevamente está realizando actos que configuran tercerización laboral, lo cual sigue siendo un acto ilegal. Pues, las personas que integran la cuadrilla no tendrán ninguna relación laboral directa con la empresa, ni acceso a seguridad social, o beneficios de ley y, muy probablemente, sus sueldos serán inferiores a lo estipulado por la ley.
Recordamos a las autoridades que las condiciones de hacinamiento, la falta de agua y saneamiento en las que viven y trabajan, en unos casos, y trabajan, en otros casos, en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador constituyen factores que incrementan el riesgo de contagio. Así, queda en evidencia que la empresa priorizó su ganancia económica a costa de las y los trabajadores que cosechan la fibra y que no han dejado de trabajar desde el inicio de las medidas de restricción por la pandemia.
Por todo lo expuesto y amparados en el artículo 11 de la Constitución, numerales 2 y 9, que establece que el deber más alto del Estado es el de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en el Ecuador sin discriminación de ningún tipo, las organizaciones que suscribimos la presente alerta solicitamos:
1. Al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, garantizar que las familias que viven y trabajan en los campamentos dentro de todas las haciendas de propiedad de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador accedan a servicios integrales de salud, incluyendo el acceso a pruebas de covid-19 para determinar su estado de salud. Éstas deberán ser gratuitas o en su defecto pagadas por Furukawa, en ningún caso por los trabajadores.
2. Al ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, agilitar el registro adecuado y la entrega de los bonos a los que tienen derecho, incluido el Bono de Protección Familiar por la Emergencia de USD 60.00, que debían ser entregados en los meses de abril y mayo. Este fue el compromiso expreso del ministro Iván Granda el 10 de abril, durante una reunión mantenida con representantes del Comité de Solidaridad. Sin embargo, las familias que viven y trabajan en Furukawa no han recibido ayuda, más allá de la entrega de 65 kits de alimentos por una vez.
3. Al ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda Velasco, y al COE Nacional, la suspensión de actividades de la empresa Furukawa al no garantizar la salud de sus trabajadores y, al contrario, haberse constituido en un posible foco de contagio de covid-19 en los cantones Santo Domingo, Buena Fe y Quinindé. Recordamos que en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, en donde opera la empresa, se registran 2.988 casos confirmados de contagio, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Salud con fecha 25 de mayo.
4. Al ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda Velasco, que disponga una inspección inmediata en las 32 haciendas de la empresa Furukawa, para verificar posibles nuevas vulneraciones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, lo cual podría derivar en sanciones a la empresa por estos nuevos hechos que pueden configurar tercerización laboral.
5. Concertar todas las acciones que se requieran en territorio con los delegados de los distintos grupos de familias que aún viven en los campamentos. Es decir, tanto con aquellos que aún habitan en las haciendas mientras avanzan los procesos judiciales penal y constitucional en curso y que cuentan con medidas de cautelares otorgadas en ambos procesos por la Justicia como con los representantes de las familias que aún trabajan cosechando el abacá para la empresa bajo cualquier modalidad.
[1] Oficio dentro del proceso de producción de abacá dedicado a tender y secar la fibra procesada.