El día viernes, 15 de enero del 2021, concluyó la audiencia de la Acción de Protección propuesta por 123 personas, hombres y mujeres, abacaleras en contra de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y el Estado ecuatoriano. Después de tres días de audiencia, el Juez Constitucional de Santo Domingo, Carlos Vera Cedeño, con base en los testimonios escuchados en la audiencia, la prueba documental y pericial, declaró la existencia de ‘servidumbre de la gleba’, reconocida por el Sistema de Naciones Unidas como una forma contempóranea de esclavitud, así como la violación a varios derechos humanos entre ellos los derechos a la vida digna, salud, libertad personal, igualdad material y no discriminación.
Durante la audiencia, el Ministerio de Trabajo reconoció la existencia de indignas condiciones de vida, de intermediación y precarización laboral y de trabajo infantil y señaló haber sancionado a la empresa en el año 2019; sin embargo, la posición de los Ministerios de Gobierno y de Inclusión Económica y Social fue que el caso debía tratarse en vías judiciales ordinarias, de carácter laboral o civil. La empresa, por su parte, se limitó a acusar infundadamente a los trabajadores de ser invasores y determinar que la responsabilidad por su situación, corresponde al Estado.
La decisión del Juez Constitucional de Santo Domingo marca un hito para la lucha de las y los trabajadores, al garantizar la tutela constitucional efectiva de sus derechos humanos para frenar los abusos del poder del sector de la agroexportación y la negligente actuación del Ejecutivo frente a su obligación de garantizar derechos fundamentales, incluyendo los derechos económicos y sociales.
Con esta sentencia, el proceso de organización y lucha de las familias que han vivido y trabajado por décadas en las haciendas de la empresa, hoy logra nuevos frutos, pues es la primera vez que en Ecuador se dicta una sentencia por esclavitud moderna, lo cual también es significativo para la población campesina, pues es un reconocimiento a la situación precaria que enfrentan los trabajadores y trabajadoras agrícolas en distintas plantaciones en Ecuador.
Cerca de cumplirse tres años de este proceso colectivo de organización social, estamos a la espera de que el Juez Constitucional nos notifique por escrito con la sentencia, y ordene la reparación integral de los derechos humanos de las 123 personas accionantes, que incluya el acceso a tierras, como incluso lo sugirió el Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes, en el 2019, durante su visita a Ecuador. El Juez al dictar sentencia, mencionó algunas de las medidas de reparación, entre ellas: la obligación de la empresa de indemnizar a los accionantes, pedir disculpas públicas en medios nacionales y locales en cuyo texto deben incluirse los nombres de los 123 trabajadores. Además, los Ministerios de Salud, Trabajo e Inclusión Social deberán publicar en sus respectivas páginas web disculpas públicas.
Recordamos que el Estado ecuatoriano ha suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales, que garantiza el acceso a la tierra como forma de asegurar la vida digna y que la Ley Orgánica de Tierras en Ecuador garantiza la adjudicación de tierras en caso de verificarse relaciones precarias de trabajo prohibidas por la ley.
Este Comité de Solidaridad agradece a todas las personas y organizaciones sociales que apoyaron este caso, a las abogadas, comunicadoras, investigadoras, activistas y ciudadanas independientes; pero sobre todo hacemos un reconocimiento a las familias abacaleras que con tenacidad protagonizaron esta lucha. El Comité de Solidaridad seguirá acompañando el camino, cada vez más cercano, que asegure mejores condiciones de vida después de décadas de violencias y exclusión.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a la prensa nacional e internacional y a la Defensoría del Pueblo del Ecuador apoyar a las familias frente a la apelación anunciada por parte del Ministerio de Trabajo; y, apoyar al resto de familias abacaleras que aún buscan acceso a la justicia para lograr reparación integral, pues fueron cerca de 1200 personas que el propio Estado identificó que vivían y trabajaban en los campamentos de la empresa, de las cuales tan solo 123 son parte de este proceso.
Contexto:
Este fundamental paso, se sostiene en un proceso de organización y resistencia de más de cien familias abacaleras que, en marzo de 2018, realizaron un plantón colectivo para denunciar su situación frente al Palacio de Carondelet. Desde entonces, las familias presionaron para que se realicen inspecciones en los campamentos.
Como resultado, el 18 de febrero de 2019, el Ministerio de Trabajo suspendió temporalmente las actividades de la empresa; el mismo día en que la Defensoría del Pueblo de Ecuador hizo público su primer informe, que verificó la existencia de servidumbre de la gleba, forma de esclavitud moderna prohibida tanto por convenios internacionales de derechos humanos como por la Constitución ecutoriana.
En abril de ese mismo año, el pleno de la Asamblea Nacional, por consenso, acogió mediante resolución dicho informe y dispuso a la Comisión de Derechos Colectivos acciones de fiscalización, para asegurar que el Estado cumpla con las recomendaciones realizadas. No obstante, el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Gestión de la Política (ahora Ministerio de Gobierno); rápidamente, se alinearon a los intereses de la empresa e intentaron una negociación que no reconocía la violación de derechos humanos y que, como reconoció el mismo Estado, obligó a los trabajadores a renunciar a sus derechos; autorizaron a reabrir a la empresa; permitieron la demolición de varios campamentos que desplazaron a familias fuera de las haciendas; e, incluso, validaron que un grupo de familias acepte un comodato para seguir cosechando abacá para la empresa a cambio de su silencio.
Pese a todos estos ataques e intentos de división, sumado a la difícil situación social y económica que históricamente han enfrentado y que se agravó con el cierre de la empresa, un grupo de 123 personas, algunas de ellas aún viviendo dentro de uno de los campamentos de la empresa, con el apoyo del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, presentaron en diciembre de 2019 la demanda de acción de protección y posteriormente, solicitaron medidas cautelares, para impedir las amenazas de desalojo en los campamentos donde residían ejerciendo su derecho a la resistencia para resguardar la memoria frente a los constantes intentos de la empresa de eliminar las evidencias sobre las condiciones en las que mantuvo durante casi 60 años a cientos de personas, en su mayoría afrodescendientes.
Durante el año 2020, y en condiciones aún más complejas, debido al brote de Covid-19, las familias abacaleras y el Comité de Solidaridad continuaron el litigio, las acciones de solidaridad para sostener a las familia y el pedido a la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo a cumplir con sus competencias. Estas instituciones emitieron informes contundentes que verificaban las denuncias de las familias abacaleras. Sin embargo, es necesario dar seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones que significan la posibilidad de frenar con el abuso de poder de empresas y Estado para que casos como este no vuelvan a ocurrir.
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