En la última semana se registran avances significativos en el camino de verdad, justicia y reparación de decenas de familias abacaleras afectadas por Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. El 25 de enero, 106 personas presentaron acusación particular en el proceso penal que sigue la Fiscalía General del Estado. Al día siguiente, la Fiscal a cargo solicitó audiencia para la vinculación de varios mandos operativos de la empresa y de la persona jurídica Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, en este proceso. Y ayer, la Corte Constitucional seleccionó la acción de protección presentada por las abacaleras y abacaleros afectados para generar jurisprudencia obligatoria.
Tanto la acusación particular como el pedido de vinculación son relevantes dentro del proceso penal que se sigue por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral cometido dentro de las haciendas de Furukawa en Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas. La Fiscalía considera que existen suficientes elementos que hacen presumir la participación de una buena parte de la estructura directiva de la empresa en el delito que se investiga, puesto que tendrían conocimiento del uso de figuras de carácter civil para beneficio económico de la empresa, a costa de trabajos mal pagados de decenas de personas, incluidas niñas, niños y personas adultas mayores, quienes vivían en campamentos construidos por la empresa, sin servicios de ningún tipo y en pobreza extrema. La audiencia de formulación de cargos se realizará el 31 de enero de 2022, a las 09:00.
Por otra parte, el 27 de enero de 2022 la Corte Constitucional seleccionó la acción de protección presentada por el grupo de 123 abacaleras y abacaleros (No. 1072-21-JP) al considerarlo un caso grave y novedoso para generar precedente jurisprudencial. La Corte señaló que “analizar posibles vulneraciones de derechos a partir de nuevas formas de explotación laboral y esclavitud” permitirá “desarrollar los estándares que la justicia constitucional debe considerar cuando existen cargos por omisión y la vulneración o no de derechos constitucionales” y, a la vez, “definir los parámetros [...] para la prevención y protección sobre las formas de servidumbre contemporáneas, el trabajo infantil y la explotación laboral en Ecuador”.
Aún estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la admisión de la acción extraordinaria de protección presentada después del fallo de Corte Provincial, que liberó de responsabilidad al Estado ecuatoriano y modificó las medidas de reparación ordenadas, pese a que confirmó la existencia de ‘servidumbre de la gleba’, forma contemporánea de esclavitud.
A su vez, recordamos a la Comisión Especializada de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional sobre su deber de fiscalización y solicitamos que emita un informe riguroso sobre las acciones, omisiones y negligencias del Estado ecuatoriano cometidas en los últimos 3 años y 10 meses en que ha tenido conocimiento pleno de lo ocurrido.
Las y los trabajadores que cosechaban la fibra de abacá para beneficio exclusivo de la empresa, pese al agravamiento de sus condiciones materiales (económicas, de salud y emocionales) ahondadas por la grave crisis que el país atraviesa, exigen al Estado ecuatoriano reparación integral y transformadora. En este trimestre, las familias organizadas cumplirán 4 años desde su primer plantón público frente a la Presidencia de la República, y la empresa cumplirá 59 años de constituida en el país, sin que a la fecha se haya tomado acciones efectivas para reparar décadas de violencias, impunidad e ignominia.
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