El 15 de octubre de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas ratificó que la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador está obligada a reparar las graves violaciones a derechos humanos cometidas dentro de sus haciendas en Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas, donde más de 1,200 personas campesinas de todas las edades han cosechado abacá por casi 6 décadas.
Foto: Rossana Torres
El Tribunal ha encontrado suficientes pruebas en el expediente judicial de primera instancia que verifican el trato discriminatorio y racista por el que la empresa sometió a 123 personas a servidumbre de la gleba, una de las formas contemporáneas de esclavitud prohibida a nivel nacional e internacional, al mantener familias enteras viviendo en campamentos precarios, sin servicios básicos ni saneamiento ambiental, y trabajando forzadamente, incluido niñas y niños en trabajo infantil, hechos que violaron sus derechos económicos, sociales y culturales –al trabajo, la seguridad social, la educación, la salud y la vivienda–, empobreciéndolos gravemente.
Esta victoria de las y los abacaleros organizados sucede justo antes de que la Fiscalía General del Estado formule cargos en contra de dos ex gerentes y el actual gerente de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador por el posible delito de trabajos forzosos –que incluye el trabajo infantil y la servidumbre de la gleba– y a un mes de que la Defensoría del Pueblo del Ecuador comparezca a la audiencia de acción de protección en representación de un segundo grupo de 216 personas, que también decidieron demandar a la empresa en busca de verdad, justicia y reparación integral.
Sin embargo, resulta sorprendente que la Corte Provincial de Santo Domingo haya liberado de responsabilidad a las instituciones estatales demandadas, al considerar suficientes las pocas actuaciones dispersas que no han guardado proporcionalidad con la gravedad de las violaciones de derechos humanos demostradas en el proceso –el Ministerio del Trabajo sancionó económicamente por tercerización y trabajo infantil y cerró temporalmente a la empresa por 60 días, el Ministerio de Salud y el Registro Civil realizaron algunas brigadas de atención y el Ministerio de Inclusión Social entregó ocasionalmente kits–. Por el contrario, desde que el Estado Ecuatoriano recibió la denuncia de un grupo de trabajadores hace 3 años, propició espacios de negociación revictimizantes y desiguales, calificando incluso los hechos como “conflictos entre privados”. Todo esto en un contexto más amplio de acciones y omisiones estatales que han permitido que por casi 6 décadas y hasta la fecha la empresa Furukawa siga cosechando y exportando abacá, súper explotando a sus trabajadores, para aumentar sus ganancias.
Denunciamos también la campaña de ataque que la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ha emprendido en contra de las hermanas y hermanos abacaleros organizados y de las personas que son parte del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. El actual Gerente Adrián Herrera y su comodatario, Walter Sánchez, han presentado denuncias penales por supuestos delitos de invasión de tierras y por intimidación. A la par, en medios de comunicación y en redes sociales, la empresa pretende mostrarse como supuesta víctima, falseando la verdad y manipulando a sus actuales trabajadores a quienes moviliza en plantones, justo los días en que la empresa enfrenta audiencias dentro de las causas que se siguen en su contra, con el único afán de causar confrontaciones. Además, una serie de cuentas en redes sociales se han activado para hostigar y acosar de manera selectiva a personas de la organización AfroComunicaciones, miembro del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, nueva muestra del racismo con el que operan.
Nosotras y nosotros, quienes conformamos el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, presentaremos en las próximas semanas ante entidades nacionales e internacionales, un informe que recopila todos los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos que la empresa ha emprendido en los últimos tres años, desde la primera denuncia penal por supuesta extorsión en contra del señor Walter Sánchez –antes representante de los trabajadores y actual aliado de la empresa–, pasando por los desalojos violentos a cientos de trabajadores fuera de los campamentos en los que habitaban, hasta los últimos hechos referidos.
La sistemática actuación de la empresa y la tolerancia del Estado ecuatoriano frente a estos hechos no van a quedar en la impunidad. La Empresa debe cumplir con la sentencia y reparar integralmente a sus trabajadores. En los próximos días, presentaremos una acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional revise esta sentencia y determine la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Por su parte, la Justicia Penal deberá determinar la responsabilidad penal de los representantes legales, accionistas y la persona jurídica por los hechos cometidos.
Hacemos un llamado a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación nacionales e internacionales a difundir esta relevante noticia: 123 abacaleras y abacaleros que demandaron al Estado ecuatoriano y sus familias deberán ser reparadas cada una de ellas con 5 hectáreas de tierra y una compensación económica por todos los años en que fueron sometidos a servidumbre de la gleba en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, empresa de origen japonés que exporta abacá.
¡Por la vida digna de las personas y familias campesinas en Ecuador!
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