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COVID-19: Exigimos atención urgente a trabajadores y extrabajadores de Furukawa y sus familias



A través de un oficio en el que detallamos los antecedentes y la situación actual de los trabajadores y extrabajadores de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, solicitamos la intervención urgente del Estado en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, debido a la extrema vulnerabilidad en la que sobreviven cientos de familias abacaleras.


Queremos recordar que la información oficial sobre la situación en las haciendas de Furukawa dio cuenta que uno de los mayores impactos provocados por la empresa es la situación de trabajo infantil y de personas adultas mayores que vivían y trabajan para la empresa y son víctimas de accidentes laborales graves, que incluyen cortes y mutilaciones de extremidades. Este hecho preocupa particularmente en la actual coyuntura, pues ambos grupos poblacionales son los más vulnerables frente a la actual pandemia.


Adicionalmente, del procesamiento del registro social realizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2019), se concluyó que de un total de 294 familias, 238 (81%) vivían en extrema pobreza; otras 50 familias en condición de pobreza (17 %); y sólo 6 familias estarían por encima de la línea de pobreza (2%). Esta situación no cambió ni después de las alertas emitidas por las mismas víctimas ni luego de la presentación pública por parte de la Defensoría del Pueblo, menos aún, tras el inicio del proceso penal.


Es conocido que decenas de familias fueron desplazadas de las haciendas, incluso semanas antes de la declaratoria de la emergencia. Y tampoco han sido reparadas en sus derechos; en muchos de los casos, ni siquiera se ha garantizado el derecho a la identidad ni a una vida digna ni al reconocimiento de sus derechos laborales violentados. En efecto, la situación de las familias que han vivido y trabajado en las haciendas de la empresa Furukawa ya eran gravísimas e incluso superiores a los promedios nacionales de pobreza en el sector rural a finales del 2019, dos meses antes de la confirmación del primer caso de covid-19 en Ecuador,[7] cuya tasa de crecimiento de casos por cada 100.000 habitantes es de 18,5.

Frente a todo lo anterior, las organizaciones que conformamos el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, solicitamos al Ministerio de Inclusión Económica y Social responder a la situación en la que se encuentran las víctimas de Furukawa de la siguiente manera:


1. Se garantice que las familias que fueron catastradas por el registro social realizado a partir del mes de marzo de 2019 dentro de los campamentos y haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, reciban los bonos a los que tienen derecho, incluido el Bono de Protección Familiar por la Emergencia de USD 60,00 que se entregará en los meses de abril y mayo, independientemente de que aún vivan o no dentro de las haciendas de esta empresa.


2. Se realice una brigada especial en los campamentos y haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador donde aún viven varias familias, independientemente de si trabajan para dicha empresa bajo cualquier figura o no lo hacen pero continúan viviendo en el lugar, en especial a los campamentos ubicados en los kilómetros 30, 33 y 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo (que son los que no han sido demolidos por la empresa) para la entrega de kits alimentarios en el marco de la Campaña “Dar una mano Ecuador”. De ser necesario podemos entregar un listado de las personas que están en situación más vulnerable y que viven dentro y fuera de los campamentos de la empresa.


3. Que en el marco de la brigada especial para la entrega kits alimentarios, se coordine con el Ministerio de Salud para realizar una campaña de prevención sobre el covid-19 y una evaluación y atención básica de salud, debido a las limitaciones que enfrentan para poder trasladarse hasta los centros de salud más cercanos. Además, hemos recibido denuncias de trabajadores que son trasladados en camiones (hacinados, sin mascarilla y guantes) todos los días desde Santo Domingo o Patricia Pilar a las haciendas de la empresa para trabajar, sin cumplir con las normas de seguridad y prevención del COVID-19.


4. Que en el marco de la brigada especial se actualice el registro social existente para garantizar que todas las familias que viven aún en los campamentos sean parte de la base de datos nacional que les garantice poder acceder a todos los beneficios sociales existentes en el Estado Ecuatoriano.


5. Que se coordinen dichas acciones con los representantes de los distintos grupos de familias que aún viven en los campamentos, es decir tanto con aquellos que aún viven ahí mientras avanzan los procesos judiciales penal y constitucional en curso y que cuentan con medidas de cautelares otorgadas por la Justicia en ambos procesos; como con los representantes de las familias que aún trabajan cosechando el abacá para la empresa bajo cualquier modalidad. De ser necesario podemos proporcionar los teléfonos de contacto de las personas indicadas.


A continuación, compartimos la misiva completa:


Quito, 8 de abril de 2020

Señor

Iván Granda Molina

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su despacho,

Reciba un atento saludo de quienes conformamos el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, una alianza de organizaciones de la sociedad civil que respalda el proceso organizativo que llevan a cabo las familias que han vivido y trabajado en los campamentos de las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. Como es de su conocimiento, las condiciones de vida indignas y de extrema pobreza han configurado un sistemático proceso de servidumbre de la gleba, una de las formas contemporáneas de esclavitud prohibida tanto por estándares internacionales de derechos humanos como por la propia Constitución del Ecuador.


El Ministerio de Inclusión Económica y Social es una de las primeras instituciones del Estado Ecuatoriano que tuvo conocimiento de la situación de cientos de familias que durante casi 6 décadas han vivido y trabajado en las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, cosechando abacEn ese contexto, por medio del presente, fundamentados en el artículo 11 numerales 2 y 9 de la Constitución que establece que el deber más alto del Estado es el de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en Ecuador sin discriminación de ningún tipo, en ejercicio del derecho de petición y ante la crisis sanitaria que enfrenta Ecuador por la pandemia global y en el contexto de la pobreza del sector campesino y rural, solicitamos a usted que de manera emergente, proceda con lo siguiente:


1. Se garantice que las familias que fueron catastradas por el registro social realizado a partir del mes de marzo de 2019 dentro de los campamentos y haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, reciban los bonos a los que tienen derecho, incluido el Bono de Protección Familiar por la Emergencia de USD 60,00 que se entregará en los meses de abril y mayo, independientemente de que aún vivan o no dentro de las haciendas de esta empresa.


2. Se realice una brigada especial en los campamentos y haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador donde aún viven varias familias, independientemente de si trabajan para dicha empresa bajo cualquier figura o no lo hacen pero continúan viviendo en el lugar, en especial a los campamentos ubicados en los kilómetros 30, 33 y 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo (que son los que no han sido demolidos por la empresa) para la entrega de kits alimentarios en el marco de la Campaña “Dar una mano Ecuador”. De ser necesario podemos entregar un listado de las personas que están en situación más vulnerable y que viven dentro y fuera de los campamentos de la empresa.


3. Que en el marco de la brigada especial para la entrega kits alimentarios, se coordine con el Ministerio de Salud para realizar una campaña de prevención sobre el covid-19 y una evaluación y atención básica de salud, debido a las limitaciones que enfrentan para poder trasladarse hasta los centros de salud más cercanos. Además, hemos recibido denuncias de trabajadores que son trasladados en camiones (hacinados, sin mascarilla y guantes) todos los días desde Santo Domingo o Patricia Pilar a las haciendas de la empresa para trabajar, sin cumplir con las normas de seguridad y prevención del COVID-19.


4. Que en el marco de la brigada especial se actualice el registro social existente para garantizar que todas las familias que viven aún en los campamentos sean parte de la base de datos nacional que les garantice poder acceder a todos los beneficios sociales existentes en el Estado Ecuatoriano.


5. Que se coordinen dichas acciones con los representantes de los distintos grupos de familias que aún viven en los campamentos, es decir tanto con aquellos que aún viven ahí mientras avanzan los procesos judiciales penal y constitucional en curso y que cuentan con medidas de cautelares otorgadas por la Justicia en ambos procesos; como con los representantes de las familias que aún trabajan cosechando el abacá para la empresa bajo cualquier modalidad. De ser necesario podemos proporcionar los teléfonos de contacto de las personas indicadas.


Antecedentes y Situación actual de trabajadores y sus familias


Antecedentes:


Durante los años 2018 y 2019, la Institución a su cargo participó de la mesa interinstitucional que convocaba la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (ahora fusionada con el Ministerio de Gobierno); participó en la inspección realizada por el Ministerio del Trabajo el 20 de noviembre de 2018 realizada en 11 campamentos ubicados en la provincia de Santo Domingo y, a partir de la presentación pública del Informe de Verificación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador de 18 de febrero de 2019, el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó las siguientes actividades, de acuerdo a sus competencias, tal como consta en el Informe de Seguimiento de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, de 5 de abril de 2019:[1]


1. Coordinó con el MIES brigadas de cedulación subsidiada en articulación con el Registro Civil, que habría beneficiado a 60 personas que vivían en los campamentos.


2. El viernes 8 de marzo de 2019, hace un año ya, participó en una nueva inspección integral a los campamentos dentro de las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ubicados en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, con el objetivo de completar la información que se había levantado el 20 de noviembre del año anterior durante la inspección laboral. En dicha visita, se aplicaron dos registros distintos:


a. El registro social, catastro en el que consta información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de familias; que permite identificar a la población que podría tener acceso a las distintas Transferencias monetarias no contributivas (generalmente conocidas como “bonos”) y que, en la actual emergencia sanitaria derivada de la pandemia global de covid-19, sirve de base para la entrega del “Bono de Protección Familiar por la Emergencia”.


b. Ficha de vulnerabilidad, instrumento elaborado de manera coordinada entre todas las instituciones para registrar la información específica de cada familia y sus miembros que viven y trabajan dentro de los campamentos que tuvo el objetivo de contar con un sólo registro común para la intervención de las distintas instituciones del sector social.


3. Y el 15 de marzo de 2019, habrían entregado kits de alimentación de emergencia con la intención de paliar la situación que se derivó del cierre temporal dispuesto por resolución de la Inspectoría del Trabajo entre el 18 de febrero y el 20 de abril de 2019. Un total de 160 kits en Santo Domingo en 11 campamentos; 24 kits en 2 campamentos en Esmeraldas; y 63 en los campamentos de Los Ríos.


Adicionalmente, el 24 de abril de 2019, una delegación de 30 trabajadoras y trabajadores afectados por la Empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, mantuvieron una reunión con la ex Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, en su despacho. Ella hizo una presentación a las familias sobre todas las actuaciones que se había realizado a esa fecha e informó que dentro de las haciendas de la empresa Furukawa se habían realizado un total de 294 registros sociales.[2] En dicha reunión, la Ministra informó que, del procesamiento del registro social realizado se había concluido que un total de 238 familias vivían en ese momento en situación de extrema pobreza (81%); otras 50 familias en condición de pobreza (17 %); y sólo 6 familias estarían por encima de la línea de pobreza (2%). Dicho de otro modo, 8 de cada 10 familias que vivían y trabajaban dentro de los campamentos percibían, según los datos del INEC disponibles a septiembre de 2019,[3] un ingreso mensual familiar per cápita menor a USD 47,90 (a saber, un 12% del SBU); y las otras 2 de esas 10 familias un ingreso menor a USD 84,99 (un 22% del SBU).



Fuente: Registro Social, información entregada por el MIES.


En ese contexto, y como debe ser de su conocimiento, el Ministerio del Trabajo en abril de 2019 (hace casi un año) autorizó a la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador a reabrir sus operaciones después el pago de multas y la presentación de un supuesto plan para garantizar derechos laborales, lo cual provocó tres escenarios distintos para estas familias empobrecidas. Escenarios que en ningún caso han significado mejorar su situación, al contrario, en la mayoría de los casos se ha visto agravado:


1) Con la apertura, la empresa decidió demoler varios de los campamentos que había construido hace décadas en las haciendas, lo que constituyó un desalojo arbitrario de varias familias que aún permanecían en los campamentos, único lugar de residencia que tenían. Hecho grave que, sin lugar a dudas, aumentó la vulnerabilidad que ya enfrentaban al tener que buscar un sitio donde vivir sumado a la falta de ingresos económicos desde que cerró la empresa.


2) Ante la difícil situación económica, otras familias han vuelto a trabajar para la empresa, sea por la suscripción de un comodato de una hacienda con el representante de varios trabajadores (Walter Sánchez) o sea a través de la firma de contratos laborales con algunos de ellos de manera directa, por lo que nuevamente están viviendo dentro de los campamentos y continúan cosechando abacá para la empresa, sin haber cambiado las condiciones en las que lo hacían (sin agua, sin luz eléctrica, sin saneamiento ambiental, hacinados).


3) Y un tercer grupo de familias que decidió permanecer organizado dentro (en especial del kilómetro 42 su único lugar de residencia) y fuera de los campamentos de las haciendas. Este grupo sostiene tanto la acusación particular que presentó contra la empresa dentro de una investigación penal abierta de oficio por la Fiscalía General del Estado; así como la demanda de acción de protección de sus derechos humanos que han propuesto para conseguir la reparación integral.[4] Grupo al que apoyamos desde el Comité de Solidaridad y que motiva el presente oficio.


Este último grupo enfrenta las peores condiciones sociales y económicas, al no contar con ingresos económicos estables y al recibir constantes hostigamientos por parte de la Empresa Uno de ellos ocurrió con apoyo de miembros de la Policía Nacional el 10 de marzo de este año, que derivó en que el 12 de marzo un Juez Constitucional de Santo Domingo les otorgara medidas cautelares que dispusieron tanto a la empresa como a la Gobernación y a la Policía Nacional “abstenerse de realizar cualquier tipo de desalojo en las haciendas de la propiedad de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador”. Previamente, estas familias ya fueron beneficiadas por medidas cautelares otorgadas por un Juez de Garantías Penales dentro de la investigación previa en curso en la que se establece la prohibición a los directivos o personas representantes de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador de acercarse a las víctimas, para evitar abusos.


Hechos actuales:


En este contexto, la actual emergencia sanitaria derivada de la pandemia global del virus covid-19 y las consecuentes y necesarias medidas de aislamiento social y permanencia en nuestros domicilios, desde la realidad de las familias campesinas afectadas por la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, implican una serie de dificultades adicionales que agravan aún más la situación previa de extrema pobreza y pobreza en la que ya vivían.


Al día 9 de abril de 2020, la Provincia de los Ríos registró 193 casos confirmados de covid-19; en Santo Domingo 46 y en Esmeraldas otros 27, según la infografía No. 45 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y en los cantones Santo Domingo, Quevedo, La Concordia, Buena Fe y Quinindé (dónde se encuentran las haciendas de Furukawa) se registran un total de 107 casos según esa misma fuente.[5] Además, por anuncio realizado también el día de ayer por la Ministra de Gobierno se sabe que en los próximos días los casos confirmados aumentarán significativamente debido al incremento de la capacidad de testeo del Estado ocurrido en los últimos días.


En respuesta al crecimiento de casos, como es de conocimiento público, rige desde el 11 de marzo la declaratoria de Estado de Emergencia del Ministerio de Salud y la declaratoria de Estado de Excepción en el todo el territorio nacional desde el 16 de marzo de 2020, con un toque de queda que se extiende desde las 14:00 a las 5:00 del siguiente día, con la finalidad de prevenir y disminuir la tasa de contagio en los distintos cantones del país. Medidas que si bien son necesarias para enfrentar la pandemia, suceden en una grave situación nacional de pobreza, cuya mayor incidencia sucede en el sector campesino y rural de Ecuador.


En efecto, según la ENEMDU a diciembre de 2019, la extrema pobreza en el sector rural era del 18,7% y la pobreza del 41,8%, con una severidad del 10%; mientras que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas fue del 61,6%.[6] En consecuencia es relevante y oportuno alertar a usted señor Ministro que, de acuerdo a los resultados del registro social realizado el año anterior, la situación de las familias que han vivido y trabajado en las haciendas de la empresa Furukawa ya eran gravísimas e incluso superiores a los promedios nacionales de pobreza en el sector rural a finales del 2019, dos meses antes de la confirmación del primer caso de covid-19 en Ecuador,[7] cuya tasa de crecimiento de casos por cada 100.000 habitantes es de 18,5.


A eso debe sumarse que, según la información presentada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en la referida reunión de abril de 2019, de la ficha de vulnerabilidad levantada el 8 de marzo de ese año, se concluyó que: a) El 59,3% de los registrados eran hombres y el 40,7% mujeres; b) Se registraron 168 niñas, niños y adolescentes y 61 personas mayores de 45 años, 9 de ellas de más de 65 años de edad; y c) 5% de las personas registradas tienen alguna discapacidad. Bien se sabe que uno de los mayores impactos provocados por la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador es la situación de trabajo infantil y de personas adultas mayores que vivían y trabajan para la empresa y son víctimas de accidentes laborales graves que incluyen cortes y mutilaciones de extremidades.


Es decir que, adicional a la situación de pobreza y extrema pobreza generalizada, el histórico proceso de servidumbre de la gleba y la coyuntura actual por la pandemia global tiene impactos desproporcionados en las niñas y niños así como en personas de más de 50 años, quienes según la información pública, corren mayor riesgo frente al contagio del virus, mientras que la población joven (entre 18 y 49 años), la que precisamente se ve impedida de generar de manera adecuada ingresos para la subsistencia en este tiempo, podría presentar síntomas moderados a leves o incluso ser asintomáticos pero que son el grupo de edad de mayor transmisión del virus, tal como lo demuestra la infografía No. 42 ya referida (2232 casos se han confirmado en personas de 20 a 49 años de edad – el 60% de los casos).


Señor Ministro, de acuerdo al monitoreo realizado vía telefónica con algunas de las familias durante las últimas dos semanas, tenemos conocimiento que alrededor de 200 personas entre ellas niñas, niños, ancianos y discapacitados, no tienen posibilidad alguna de acceder alimentos para sobrevivir. En este contexto, por anuncios públicos realizados por usted en su calidad de máxima autoridad Nacional, en razón de la actual crisis sanitaria y las dificultades sociales y económicas que enfrentan amplios sectores populares del país, sabemos que el MIES viene realizando las siguientes acciones para paliar en algo la crisis:


1. El pago a tiempo de transferencias monetarias no contributivas (bonos) para las familias inscritas en el registro social del Ecuador.


2. Pago de un Bono de Protección Familiar por la Emergencia, de USD 60,00 por dos meses (abril y mayo de este año), para un total de 400.000 familias afectadas por la pandemia y las medidas que se han tomado para enfrentarla, a partir de la información del registro social.


3. Entrega de kits alimentarios a través de la Campaña “Dar una mano Ecuador”, anunciada el sábado 21 de marzo de 2020, para familias de escasos recursos económicos.


Nosotras y nosotros, quienes conformamos el Comité de Solidaridad podemos ayudar a contactar al personal del MIES y de otras instituciones que estimen necesarias con las familias a las que apoyamos y representamos judicialmente en los casos para que se realice la brigada especial a las haciendas y campamentos de Furukawa.


Desde ya agradecemos por la atención y respuesta oportuna que se dé a la presente petición que ayudaría a sostener, en la medida de lo posible, la deteriorada situación que las familias que se atrevieron a denunciar a la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador enfrentan, empobrecidas por décadas de abuso empresarial y agravadas por los efectos de la pandemia global y las medidas que se han debido tomar para enfrentarla.


Creemos que la acción del Ministerio de Inclusión Económica y Social en este momento de crisis sanitaria es clave para asegurar que el sector campesino pobre y extremadamente pobre del país no afronte impactos más altos y graves que los que ya reciben el resto de la población ecuatoriana en general.

Las notificaciones, se podrán realizar a patricia.carrion@cedhu.org y elsie@cedhu.org


Elsie Monge

Directora Ejecutiva CEDHU


CC:

Cecilia Chacón

Secretaria de Derechos Humanos


Alexandra Ocles

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias


Paola Onofa

National Human Rights Advisor

Office of the UN Resident Coordinator in Ecuador


Maria Paula Romo

Ministra de Gobierno

[1] Ambos informes están disponibles en: https://www.furukawanuncamas.org/documentacion. [2] Según la propia información publicada por el MIES, el Registro Social incluye una base de datos de información social que permite identificar a los beneficiarios de los distintos programas sociales del Gobierno Nacional. Se recopila información de los grupos poblacionales en situación de pobreza extrema, para enfocar mejor los esfuerzos gubernamentales y garantizar los derechos de los ecuatorianos. Y SENPLADES resalta que el Registro Social es una herramienta absolutamente básica para la toma de decisiones de políticas públicas adecuadas, acorde a la realidad nacional. Información disponible en: <https://www.planificacion.gob.ec/senplades-y-mies-analizaron-los-avances-y-retos-del-proyecto-registro-social/>. [3] La encuesta de pobreza por ingresos disponible más cercana a la fecha de la reunión con la ex Ministra. [4] En ambos casos, el equipo jurídico del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, los representa judicialmente en ambos procesos. [5] Infografía disponible en el link: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/INFOGRAFIA-NACIONALCOVI-19-COE-NACIONAL-06042020-10h00.pdf [6] Resultados de la ENEMDU a diciembre de 2019, disponibles en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Diciembre-2019/201912_PobrezayDesigualdad.pdf [7] El primer caso de covid-19 se confirmó en Guayas el 29 de febrero de 2020.

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SOBRE NOSOTROS >

El Comité de Solidaridad #FurukawaNuncaMas acompaña y respalda a las familias que por décadas han vivido y trabajado dentro de las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador en indignas condiciones de vida y que, según la Defensoría del Pueblo, configurarían un proceso de servidumbre de la gleba, como forma de #EsclavitudModerna.

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© 2019 por David Marín.

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