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Furukawa sigue explotando y amedrentando a sus trabajadores y el Gobierno Nacional lo permite

“Lo único que queremos es nuestra justicia y reparación, que nos arreglen eso y no hay problema nosotros nos retiramos de esta empresa, pero por algo legal” (José Hernández, abacalero).

El miércoles 17 de marzo, la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador intentó, sin éxito, demoler otro campamento en el kilómetro 30 de la vía Santo Domingo - Quevedo donde varias personas, entre ellas adultas mayores y niñas(os), siguen viviendo y trabajando en la cosecha de abacá para esta empresa, ante la imposibilidad que tienen de poder dedicarse a otras actividades laborales. Ellos ahora enfrentan una amenaza inminente de desalojo por su empleador, situación que no constituye un hecho aislado sino una práctica usual para deshacerse del personal precarizado en el que basa su negocio.


Esta amenaza de desalojo y amedrentamiento constituye un ataque a defensores de derechos humanos. Además, de concretarse, podría significar la falta de pago por la fibra de abacá cosechada y entregada; falta de reconocimiento de indemnización por el tiempo de trabajo y la intensificación de la impunidad con la que esta empresa ha operado por casi sesenta años: someter a sus trabajadores a servidumbre de la gleba, una de las formas contemporáneas de esclavitud prohibida por normas nacionales e internacionales. De este modo, la empresa reincide en acciones que en el pasado provocaron reclamos de otras familias trabajadoras.


José Hernández y su familia denunciaron que la empresa tumbó la puerta de ingreso a dicho campamento, pero por la resistencia de quienes aún lo habitan, no lograron demoler los cuartos que aún quedan en pie. En la refriega, una persona habría sido detenida aunque se ha confirmado que fue inmediatamente liberada. La empresa pretende acusarlos de invasores y, con ello, evadir sus responsabilidades. Adicionalmente, los días 18 y 19 de marzo, la Policía Nacional llegó hasta los campamentos que siguen en pie en los kilometros 30 y 33, a amedrentar y hostigar a las personas para que abandonen las tierras, su lugar de residencia.


La sistematicidad de estos hechos ha provocado que cientos de personas hayan sido desalojadas arbitrariamente de sus viviendas, que se hayan destruido evidencias para los procesos judiciales abiertos –sobre la posible responsabilidad penal y por violaciones a derechos humanos– y haber agravado la situación de pobreza extrema que la empresa ha provocado. Más grave aún es que, pese a los informes de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, el de fiscalización de la Asamblea Nacional, las comunicaciones conjuntas de Relatores de Naciones Unidas y la reciente Resolución Judicial Constitucional que determinó la existencia de esclavitud moderna y graves violaciones a derechos humanos, el gobierno nacional sigue encubriendo a la empresa sin garantizar acciones contundentes de reparación para todas las personas y familias afectadas.


Al contrario, nuevamente en los campamentos, funcionarios de la empresa, guardias privados de seguridad actúan deliberadamente y en conjunto con la Policía Nacional del Ecuador, acompañados por el ex viceministro de Agricultura y actual gerente de producción de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, Byron Flores. Esto es una muestra de las puertas giratorias y de la protección gubernamental que permite a esta empresa seguir cosechando y exportando abacá impunemente.



El 18 de marzo, el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más acompañó a representantes de las y los trabajadores de los campamentos ubicados en los kilómetros 30 y 33 en la Defensoría del Pueblo del Ecuador, se ha presentado esta información a dicha Institución, que también está a cargo del seguimiento de las medidas cautelares que protegen a los abacaleros del kilómetro 42 de cualquier intento de desalojo. En consecuencia, solicitamos a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus funciones constitucionales y legales, e interponga las garantías jurisdiccionales necesarias en favor de un grupo de, al menos, 172 trabajadores de la empresa Furukawa quienes, en su momento, se vieron presionados a seguir trabajando pero que continúan demandando justicia y reparación.




En contexto:


José Hernández es una de las centenas de personas que desde niño ha vivido y trabajado en las haciendas. Él, ahora tiene 35 años y fue el vocero de las y los abacaleros organizados en la rueda de prensa de 18 de febrero de 2019 en la que se hizo público el primer Informe de la Defensoría del Pueblo que reveló la situación en las haciendas de la empresa Furukawa.

Desde entonces, tal como refieren los informes finales de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Nacional del Ecuador, la empresa Furukawa ha realizado diversas estrategias de división, entre ellas, ofrecer supuestos nuevos contratos laborales, a otros indemnizaciones que resultaron insuficientes. Y llegó incluso a criminalizar al señor Walter Sánchez con quien luego firmó un contrato de comodato en una hacienda para que un grupo de abacaleros sigan cosechando abacá a cambio de “renunciar a sus derechos”.


Se debe recordar que la extinta Secretaría de Gestión de la Política llegó a registrar más de mil personas viviendo y trabajando dentro de las 23 haciendas que la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador tiene en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Los Ríos.



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SOBRE NOSOTROS >

El Comité de Solidaridad #FurukawaNuncaMas acompaña y respalda a las familias que por décadas han vivido y trabajado dentro de las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador en indignas condiciones de vida y que, según la Defensoría del Pueblo, configurarían un proceso de servidumbre de la gleba, como forma de #EsclavitudModerna.

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