La mañana del 01 de junio, un equipo de la Fiscalía allanó dos haciendas de propiedad de la empresa Furukawa, ubicadas en el kilómetro 30 y 33, de la vía Santo Domingo Quevedo. La acción se realizó con el acompañamiento de más de cien miembros de la policía nacional del Ecuador, muchos de ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Al menos una decena de motos y dos buses ocupados por uniformados armados, incluso con fusiles, fueron parte de esta acción.
La intervención, liderada por personal de la Fiscalía, tuvo lugar gracias a una denuncia penal interpuesta por la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, en contra de las personas que viven y trabajan en los campamentos de las mencionadas haciendas. A través de la denuncia, se pretende que las autoridades penales califiquen de invasores a las personas que fueron sometidas a condiciones de esclavitud moderna y que por diferentes situaciones sociales y económicas no tienen otro lugar dónde vivir. Además, recordamos que los trabajadores de estos campamentos se encuentran en huelga por los incumplimientos de la empresa en salarios y otros beneficios.
Mientras se desarrollaba el allanamiento, con violencia en contra de las y los trabajadores, las familias que ocupan estos espacios de precariedad, alertaron de la violencia física cometida por la fuerza pública, pues, los trabajadores fueron golpeados y dispersados con gases lacrimógenos. Ante este pedido de auxilio, un equipo de la Defensoría del Pueblo acudió a los campamentos de los km 30 (primer video más adelante) y 33 (segundo video más adelante), respectivamente. Sin embargo, el personal de la Defensoría llegó cuando la diligencia había finalizado y tan solo constataron la existencia de una orden judicial para realizar el allanamiento y la masiva presencia de la fuerza pública.
Durante la diligencia, destacamos que, en actos confusos, se incautaron teléfonos celulares y documentos personales de quienes grababan el violento accionar de la policía nacional a fin de borrar la evidencia recabada. Y, según testimonios de las y los trabajadores, estos no han retornado a sus dueños. Preocupa porque otro de los elementos referidos por las y los trabajadores es que un guardia de seguridad de Furukawa los extorsionaba y en esos dispositivos también tenían pruebas de estas acciones. Ahora, el referido trabajador de la empresa abacalera ha señalado que tanto los celulares como los documentos los tiene la Fiscalía.
Por otro lado, es imperante recordar que esta -violenta situación- se desarrolla a pesar de que, en marzo y julio del 2020 se concedieron medidas cautelares constitucionales a 123 personas, lo que implica evitar el desalojo de las familias de los campamentos. En este mismo orden de cosas, en septiembre de 2019, un juez penal otorgó medidas cautelares a otras 100 personas, quien, además, dispuso “la prohibición de realizar todo acto de persecución o de intimidación a las víctimas o miembros de su núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros”.
Es importante señalar que en los campamentos y haciendas de la compañía Furukawa todavía viven decenas de personas que fueron sometidas a condiciones de esclavitud moderna por parte de la abacalera y que aún hoy en día resisten bajo precarias condiciones de vida. La gran mayoría no forman parte de la acción de protección y tampoco tienen medidas de protección a su favor, por lo que se encuentran frente a una situación de indefensión ante el asedio de la compañía y de un Estado cómplice, que permite que la empresa Furukawa criminalice a las familias abacaleras y las catalogue como invasoras. Esto, adicionalmente, sin investigar todas las denuncias realizadas públicamente por incumplimientos laborales, por continuar con mecanismos de intermediación laboral, por sistemáticos hostigamientos y por continuar su producción durante la pandemia sin velar por la protección de la salud de los y las trabajadoras, entre otras.
Si bien la intervención del día de hoy en las haciendas obedece a un allanamiento autorizado judicialmente, denunciamos que este hecho no es aislado, pues, Walter Sánchez -un aliado de la compañía- previamente presentó una denuncia por intimidación en contra de un grupo de trabajadores, quienes, desde la semana pasada, están siendo llamados a rendir versiones en la Fiscalía. Es decir, las personas sujetas a esclavitud moderna ahora están siendo obligadas a defenderse en dos investigaciones penales, con la intención de criminalizarlos, intimidarlos y así desarticular la resistencia abacalera.
Instamos a la Defensoría del Pueblo a ejercer el patrocinio del grupo que actualmente se está organizando en una nueva acción de protección, pues, hasta la fecha, no asume su responsabilidad frente a la expresa solicitud de los trabajadores y trabajadoras y de quienes conformamos el Comité de Solidaridad “Furukawa Nunca Más”. En esta misma línea, se insta al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Inclusión Económica y Social a realizar las inspecciones de seguimiento, dispuestas en el fallo emitido el 15 de enero de 2021 y ratificado en abril de 2021, que garantizan la no repetición.
Hacemos un llamado de atención al Estado y a la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador, pues las víctimas de esclavitud -que según datos del Ministerio de Gobiernoson al menos 1200 personas- continúan sin recibir protección por parte del Estado ecuatoriano. Exigimos que se haga #JusticiaVíctimasFurukawa para las personas que están siendo hostigadas por la empresa y por terceras personas, valiéndose del sistema penal de manera desproporcionada, ante la inactividad cómplice estatal.
CONTACTO DE PRENSA
Comunicación Comité Solidaridad Furukawa Nunca Más +593 99 902 9381 Para más información sobre el caso dirigirse a la página web: https://www.furukawanuncamas.org