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  • Comité de Solidaridad

Juez impidió la participación de 13 amicus curiae pero aceptó los testigos expertos de la empresa

“las formas contemporáneas de la esclavitud subsisten en el Ecuador y [..] están directamente relacionadas con casos generalizados de discriminación, exclusión social y pobreza. Afectan a sectores de la población que han tenido que enfrentarse a situaciones desfavorables de carácter histórico, como los afrodescendientes y los indígenas, así como a grupos cuyas condiciones de vida les convierten en presa fácil para la explotación” [Relatora Especial ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, 2010].

Hoy se llevó a cabo el segundo día de la audiencia de la acción de protección en contra de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y del Estado Ecuatoriano, sin embargo, al final de la tarde fue nuevamente suspendida, sin que se haya fijado nueva fecha y hora para su continuación.


Durante este día, el Juez a cargo de la causa, de manera sorpresiva y en contra de su propia decisión de no autorizar intervenciones vía telemática, permitió que dos abogados de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador –Marcelo Guerra Coronel y Gabriel Ponce Hernández– comparezcan como “testigos expertos” por esa vía. De ese modo, este acto frente a la negativa del Juez de que los 13 amicus curiae que aportan con diversos criterios sobre derechos humanos sean presentados, constituye una vulneración al derecho al debido proceso.


En la diligencia también se escuchó el testimonio de la perito antropóloga Catalina Campo, así como, la contestación de la demanda y práctica de pruebas de la empresa accionada. El resto del tiempo fue usado por la empresa para que conteste la demanda y presente sus pruebas –testimonios y documentación, principalmente–. Preocupa la insistencia de la empresa en que se desconozca que se trata de un caso en derechos humanos y que debe ser tratado por otra vía, no la constitucional.


Recordamos que la gravedad del caso ha sido reconocida incluso por el Sistema de Naciones Unidas, que en varias ocasiones ha consultado al Estado ecuatoriano aspectos sobre la reparación dentro del mismo. Además, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU, en su última visita al Ecuador, sugirió al Estado implementar las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y reparar a las víctimas, entre otras cosas, en educación, salud, tierras e identidad, precisamente, por las violaciones a los derechos evidenciadas y registradas por el mismo Estado. Inclusive, se recomendó cerrar la empresa.


Igualmente, se recuerda que la extinta Secretaría de Gestión de la Política llegó a registrar a más de 1,200 personas viviendo en los campamentos de las haciendas de Furukawa Plantaciones Ecuador en 2018, que la Defensoría del Pueblo del Ecuador –Institución Nacional de Derechos Humanos– y la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional han verificado las condiciones de vida a las que han sido sometidas estas familias mientras trabajaban por décadas para la empresa.


Frente a esta nueva suspensión y las versiones por parte de la empresa, las víctimas de esclavitud moderna reclaman celeridad y justicia, pues han esperado más de dos años desde que el Estado conoció la situación indigna a la que fueron sometidas cientos de familias por casi 60 años y uno desde que interpusieron esta demanda. “Me siento indignada de ver la situación, de ver cómo la empresa manipula a sus trabajadores de la empresa. Ellos dicen que sí se vive bien, pero no es cierto. Esperamos que el juez tome una buena decisión para que nosotros seamos reparados”, señaló Mayra Valdez, presidenta de la Asociación de trabajadores demandantes.


El Comité de Solidaridad exhorta a la Función Judicial del Ecuador, especialmente al Juez Constitucional Carlos David Vera Cedeño a garantizar el debido proceso, asegurar la igualdad entre las partes y sobre todo garantizar la tutela judicial efectiva de las 123 personas que han demandado los violentos hechos que ha ejercido la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador por casi 6 décadas, junto con las graves omisiones del Estado Ecuatoriano para poner fin a esta situación.


A las organizaciones y movimientos sociales solicitamos que se sumen y acrecienten la solidaridad con las familias abacaleras organizadas en su camino de justicia y reparación integral.


#FURUKAWANUNCAMAS

Mayor información: +593 99 271 3867

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