Desde que inició el proceso de ejecución de la sentencia de primera instancia que ordenó medidas de reparación integral, en septiembre de 2021, las víctimas de este caso han tenido que enfrentar un sinnúmero de obstáculos para lograr la tan ansiada justicia y reparación después de décadas de sometimiento a formas de esclavitud moderna.
Este miércoles 04 de octubre de 2023 se reinstalará una audiencia para conocer la decisión de los jueces provinciales frente al improcedente recurso de apelación presentado por la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, dentro de la fase de ejecución de las medidas de reparación a favor de las y los abacaleros. Pero este no ha sido el único caso.
Previamente se intentó afectar la reparación económica a través de los peritajes ordenados. Resulta que la primera perita designada por sorteo para realizar la cuantificación de la reparación económica había trabajado como la Gerenta Financiera de la compañía Furukawa en el año 2020, por lo que se solicitó su exclusión del proceso por no garantizar imparcialidad.
Luego, la segunda perita pretendió modificar lo dispuesto en sentencia, calcular erradamente las indemnizaciones y dejar sin reparación a 24 abacaleros, particularmente a las y los adultos mayores. En esa ocasión, impugnamos la totalidad de los informes periciales y solicitamos se designe un nuevo y último peritaje, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales aplicables a este tipo de casos.
Finalmente, en febrero de 2023, una tercera perita realizó la cuantificación de las reparaciones económicas, esta vez, ajustándose a la totalidad de parámetros emitidos en la sentencia. Así, el 12 de mayo de 2023, los 123 informes periciales —uno para cada demandante— fueron aceptados por el juez de primera instancia que se encuentra ejecutando las medidas de reparación.
Pero eso no ha sido todo. A lo largo de estos dos años de fase de ejecución, la compañía Furukawa se ha dedicado a obstaculizar el proceso a través de una serie de pedidos sin fundamento. Por ejemplo, solicitó que se inicien 123 juicios individuales, con 123 peritos distintos, para cuantificar a cada uno de los demandantes el monto de la reparación económica. También presentó pedidos de nulidad afirmando que debían aplicarse las normas del Código Orgánico General de Procesos en lugar de las reglas que la Corte Constitucional ha dictado para estos casos. Incluso ha llegado al extremo de interponer varios recursos de apelación a sabiendas de que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no permite apelar las decisiones dictadas dentro de la fase de ejecución de acción de protección de derechos humanos.
En este contexto, el día de hoy, miércoles 04 de octubre de 2023, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, Jorge Montero Berrú, Galo Luzuriaga Guerrero y Patricio Calderón Calderón tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la seguridad jurídica y a la reparación integral de las víctimas de este grave caso de violación de derechos humanos y negar la apelación sin fundamento que presentó Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador.
Frente a esto, el Comité de Solidaridad expresa su preocupación por la falta de garantías sobre la imparcialidad de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En una ocasión previa, en el proceso penal en contra de la misma compañía Furukawa por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, los seis jueces que integran dicha Corte se excusaron de conocer el recurso de apelación que presentamos en contra del sobreseimiento de dos gerentes de la compañía, lo que provocó que el proceso tuviera un retraso inaudito de 144 días. Y lo que es más grave, los jueces de la Corte Provincial de los Ríos que finalmente conocieron este recurso se vieron obligados por ley a declarar en firme dicho sobreseimiento, liberando de responsabilidad penal al gerente actual y otro anterior.
Estos hechos no solo implicaron un simple retardo injustificado sino que deben ser investigados por el Consejo de la Judicatura por DOLO, pues, pese a la advertencia y pedido expreso de los Acusadores Particulares en audiencia que se trataba de una “estrategia” dilatoria de Furukawa, con una nefasta consecuencia jurídica anunciada (sobreseimiento en firme en caso de no haber pronunciamiento en los 60 días que manda la ley), los jueces actuaron con excesiva parsimonia causando un daño grave a las víctimas, a quienes les fue negado su derecho a obtener una decisión motivada que aceptara o negara su recurso de apelación.
Así, hemos constatado que ha prevalecido un “espíritu de cuerpo” entre Jueces de las Cortes Provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, violando el derecho al debido proceso de los acusadores particulares en el proceso penal, por lo que alertamos nuestra preocupación frente al recurso de apelación presentado en la fase de ejecución que nuevamente está en manos de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y cuya decisión se conocerá el dia de hoy. Exigimos que actúen apegados a la ley, garanticen la seguridad jurídica y no permitan que se acumulen más violaciones de derechos a las y los abacaleros. La Corte Provincial debe garantizar el debido proceso.
¡NO MÁS IMPUNIDAD, REPARACIÓN INTEGRAL YA!
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