El día de ayer, 24 de marzo de 2021, la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador nuevamente expulsó a un grupo de trabajadores de una de sus haciendas, ubicada en el Km. 30 de la vía Quevedo – Santo Domingo, quienes reclamaban por su derecho a recibir pagos justos, liquidaciones adecuadas por los años de trabajo y afiliación al IESS. Este hecho configura una vez más, violaciones sistemáticas a derechos humanos y laborales de decenas de familias campesinas abacaleras que siguen viviendo y trabajando en la cosecha de abacá para esta empresa, ante la imposibilidad de poder dedicarse a otras actividades laborales.
Las amenazas de desalojo recibidas durante varios días por los trabajadores del kilómetro 30, fueron cumplidas por la empresa Furukawa. Las autoridades nacionales no evitaron este hecho a pesar de conocerlas. El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más en días pasados denunciamos las amenazas recibidas y realizamos un pedido directo a la Defensoría del Pueblo del Ecuador para evitar este nuevo desalojo forzado; sin embargo, no fue suficiente para que las autoridades actúen y lo eviten.
José Hernández, uno de los trabajadores que vive en el km 30, de los pocos que aún sigue resistiendo frente a las amenazas y atropellos de la empresa, nos cuenta como el día de ayer, 24 de marzo, la empresa desalojó a la mayoría de los trabajadores: “vinieron a la brava, sacaron a unas personas con machete, sacaron a un ancianito y lo dejaron botado”. José da cuenta del desalojo forzado de uno de los trabajadores de aproximadamente 65 años de edad, quien fue abandonado en el km. 33 “en medio del monte”, y ahora vive en la indigencia cubierto por unas hojas de zinc que logró sacar del campamento donde vivía.
Este es uno de tantos casos de trabajadores agrícolas abacaleros expulsados a la fuerza de los campamentos y abandonados en lugares fuera de las haciendas de la empresa, según su perspectiva, para “deshacerse de problemas”, cuando ellos mismos han provocado esta situación. Las familias expulsadas enfrentan condiciones indignas de vida y el abandono absoluto del Estado, mientras la empresa sigue operando de esta forma por casi 60 años: violando derechos y sometiendo a formas contemporáneas de esclavitud a sus trabajadores.
Denunciamos que este hecho ocurre en el mismo lugar (km. 30) en el que justamente hoy la Fiscalía General del Estado da inicio a una diligencia procesal, como parte del peritaje antropológico solicitado por Fiscal a cargo de la investigación penal en contra de la empresa Furukawa, iniciado en 2019 para determinar la responsabilidad penal de la empresa en estos hechos. Uno de los objetivos de la pericia antropológica es verificar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, hecho que ha sido obstaculizado de manera deliberada por la demolición de campamentos, los desplazamientos forzados y otras formas de violencia ejercida.
Exigimos, a las autoridades del Estado: Ministerio de Trabajo, IESS, Defensoría del Pueblo del Ecuador y Ministerio de Gobierno, evitar que se sigan vulnerando derechos humanos y laborales, que se sigan desalojando arbitrariamente a más familias de los campamentos, que se destruyan evidencias para los procesos judiciales abiertos y se deje en condiciones de total vulnerabilidad a mujeres, niñas, niños, ancianos, hombres que han nacido, vivido y trabajado en las haciendas de la empresa, recibiendo pagos injustos, humillaciones y agresiones.
Recordamos a las autoridades del Estado, su obligación de actuar con diligencia y oportunidad frente a estos hechos que vulneran derechos y ponen en situación de riesgo a decenas de familias. Más aun cuando existen informes de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, de fiscalización de la Asamblea Nacional, comunicaciones conjuntas de Relatores de Naciones Unidas y la reciente Resolución Judicial Constitucional que determinó la existencia de esclavitud moderna y graves violaciones a derechos humanos.
La falta de acción de las autoridades del Estado y la omisión en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en estos casos, puede significar responsabilidad inclusive internacional del gobierno nacional que negligentemente sigue encubriendo a la empresa sin garantizar acciones de reparación integral para todas las personas y familias afectadas.
Recordamos a la Defensoría del Pueblo del Ecuador, el compromiso asumido el 18 de marzo del 2021, frente a representantes de las y los trabajadores de los campamentos ubicados en los kilómetros 30 y 33, acompañados por el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, de realizar visitas de manera urgente a estos campamentos y levantar informes sobre la situación de estas familias y enviar las alertas necesarias a los varios ministerios y autoridades judiciales para que actúen en el marco de sus competencias, por los hechos que configuran nuevas vulneraciones de derechos.
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